Respuesta a Santiago Ortúzar "Incongruencias"

¿Estamos nosotros, los liberales, proponiendo que la gente haga lo que quiera, pero sólo en su plano individual, y que se olvide del plano político? No. Quien indique aquello, parece no entender -o quizás sí, pero prefiere caricaturizar- que los liberales siempre han facilitado el empoderamiento político del ciudadano común y corriente. En un principio, lo hizo cuando murieron por las libertades políticas que hoy se toman por obvias: el voto, la libertad de asociación, el derecho a competir en elecciones y la libertad de expresión. De ahí que los liberales siempre se hayan opuesto a los regímenes absolutistas (totalitarios o autoritarios), y que por esta misma razón condenen la dictadura y celebren la democracia constitucional.

Hoy en día, el liberalismo sigue esforzándose por vigorizar a la ciudadanía, pues promueve el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil con el fin de descentralizar los servicios sociales del Estado. El problema es que estas intenciones se han visto truncadas por la desconfianza hacia este tipo de organizaciones externas al aparato público, el exceso de Estado en lo burocrático, y el deficitario financiamiento de los proyectos sociales con impacto directo en las poblaciones vulnerables, como las bibliotecas, talleres, centros culturales, centros de rehabilitación, iglesias, etc. Por tanto, una ciudadanía activa y las organizaciones sociales son necesarias porque, en caso contrario, el poder se concentra en la burocracia estatal y el cuoteo político.

En este sentido, una sociedad civil activa es un requisito para el equilibrio político al que invita el liberalismo, pues la considera una fuerza que debe estar constantemente vigilando y cotejando la actividad del Estado y sus funcionarios so pena de ser embaucada. De ahí la famosa frase de Wendell Phillips, "Eternal vigilance is the price of freedom" (eterna vigilancia es el precio de la libertad). Pero esto no quiere decir que a la persona se le deba obligar a hacerlo, por lo que se le provee de las leyes y conocimiento crítico e independiente del Estado para que ella misma decida cuándo y cómo ejercer su poder. Así, en aras de la libertad política, se defiende constitucionalmente la libertad de expresión y de prensa. Por ende, en la medida en que el mercado facilita las fuentes y tecnologías de información y comunicación, quien triunfa es el ciudadano común y corriente al tener la libertad individual de, por ejemplo, elegir si informarse de política o ver el partido de fútbol, o ver el partido y luego informarse por Youtube, la radio, Instagram, Facebook o la TV.

En efecto, sería ideal para el sistema político que todos los ciudadanos eligiesen informarse críticamente sobre política, porque en la medida en que tuviésemos a una población más crítica se fortalecería la democracia, disminuiría la corrupción y habría un debate más informado. Sin embargo, cosa distinta es decir que el Estado deba obligar a la participación política, pues de nada sirve si la persona no está realmente interesada o informada. Por tanto, mientras existan diferencias entre las preferencias, quienes decidan no involucrarse delegan legítimamente su posibilidad de incidir en lo público en los que optan por participar, y en la medida en que los ciudadanos interesados se implican en estos asuntos, la democracia se refuerza, pues se enfrentan las distintas posturas, y aumenta la información sistematizada a nuestros representantes sobre qué es lo que las personas quieren (o debiesen querer) en cada caso.

En conclusión, que participar de la esfera pública sea decisión de cada uno, no niega el hecho de que el liberalismo sea la única plataforma política que necesite de ciudadanos activos frente al poder estatal de la mano de la libertad de expresión y de prensa, porque de otro modo este se concentra en unos pocos, se corrompe y oprime, en otras palabras, se oligarquiza.